2013 ha sido un año atípico en el sector agroalimentario. Marcado por la crisis económica general, muchos indicadores apuntan a que el comportamiento del sector ha sido positivo. La subida de determinados precios en origen a pesar del encarecimiento de los costes de producción, ha hecho que la renta agraria se sitúe un 7,7% por encima de la de 2012 (10,5% en el caso de la renta por ocupado), aunque tiene aún un gran margen de mejora. Aunque el consumo interno se ha mantenido estable en cifras bajas respecto a los años anteriores a la crisis, las exportaciones han crecido de forma importante y la balanza comercial se ha situado en unos 7.500 millones de euros positivos, que consolidan la 2ª posición del sector en el ámbito de la economía española tras el turismo.
2013 se recordará igualmente por el acuerdo en Bruselas para la reforma de la PAC para el periodo 2014-2020 y la aprobación de dos leyes de gran calado a escala nacional: la ley de la cadena agroalimentaria y la ley de integración cooperativa. 2014 será un año clave en el desarrollo reglamentario de ambas normas. Los trabajos para dotarlas de contenido están ya en marcha. Los de la aplicación estatal de la PAC, también. Mientras, en los corrillos del sector se especula con la posible salida del Ministro Cañete rumbo a Bruselas y su efecto sobre la evolución de estos temas. Tiempo habrá para analizarlo.
Por su parte, el sector sigue preparándose para los tiempos que vienen. La comunidad científica, las empresas y las asociaciones del sector agroalimentario deben prepararse para, pilotados por el MAGRAMA, el CDTi, el INIA y las Comunidades Autónomas, aprovechar los fondos europeos para I+D+i agrario y alimentario que trae el programa Horizonte 2020. El objetivo ha de ser uno: mejorar la eficiencia, la sostenibilidad y la competitividad de la producción agraria, de los procesos de transformación de la industria y de la distribución alimentaria, generando colaboraciones estratégicas entre diferentes eslabones de la cadena agroalimentaria, sin perder de vista los intereses y demandas del consumidor.
Entre los retos más importantes para 2014 destaco los siguientes: 1/ recuperar el consumo alimentario en el mercado interno tan afectado por la crisis y la subida del IVA del año pasado, 2/ desarrollar nuevas vías de cooperación y colaboración entre los diferentes eslabones de la cadena agroalimentaria que mejoren en última instancia las cifras de empleo, 3/ poner en marcha medidas efectivas para minimizar los efectos de la paulatina subida de costes de producción del sector primario tratando así de mejorar su competitividad, 4/ sentar las bases para el desarrollo tecnológico y la innovación en el sector, y 5/ conseguir que la agricultura y la alimentación, así como la labor que desempeñan todos los que trabajan en la cadena agroalimentaria, sea debidamente apreciada y valorada por parte de la sociedad española en su conjunto.
El concepto de venta a pérdidas está regulado en nuestro país desde hace ya muchos años. En concreto, tal y como recoge el artículo 17 de la Ley 3/1991 de Competencia Desleal, mientras que la fijación de los precios es libre, la venta realizada bajo coste o bajo precio de adquisición se considera desleal en los siguientes casos: a) cuando sea susceptible de inducir a error a los consumidores acerca del nivel de precios de otros productos o servicios del mismo establecimiento, b) cuando tengan por efecto desacreditar la imagen de un producto o de un establecimiento ajeno o c) cuando forme parte de una estrategia encaminada a eliminar a un competidor o grupo de competidores en el mercado.
Además, el artículo 14 de la Ley 7/1996, de Ordenación del Comercio Minorista dice lo siguiente: no se podrán ofertar ni realizar ventas al público con pérdida, fuera de los supuestos regulados en esta Ley, a menos que, quien la realice, tenga por objetivo alcanzar los precios de uno o varios competidores con capacidad para afectar, significativamente las ventas o se trate de artículos perecederos en las fechas próximas a su inutilización. A los efectos señalados en el apartado anterior, se considerará que existe venta con pérdida cuando el precio aplicado a un producto sea inferior al de adquisición según factura, al de reposición o al coste efectivo de producción…”
A pesar de estar definida esta práctica en nuestra legislación, el resultado final es que su aplicación en los últimos años ha sido prácticamente nula. En primer lugar porque la situación de dependencia de muchos proveedores respecto de sus compradores hace inviable que existan denuncias por miedo a represalias. En segundo lugar porque, dado que la definición se encuentra en la Ley de Ordenación del Comercio Minorista, sólo afecta a la última transacción comercial (la de la venta al consumidor) y no al resto de transacciones comerciales que se producen en la cadena, donde el agricultor o ganadero se ve obligado en muchas ocasiones a vender por debajo de su coste de producción. Téngase en cuenta que el poder de negociación de un productor de productos perecederos es muy reducido y radicalmente distinto a la del resto de productos, ya que tiene la necesidad imperiosa de vender su producto en un tiempo muy limitado o pierde su producción. La situación de indefensión es total.
Paralelamente, se viene dando el caso en el que, incluso cumpliendo estrictamente con la legislación vigente, existen de forma prolongada en el tiempo productos a disposición del comprador a un precio tan reducido, que ninguno o casi ninguno de los operadores que intervienen en su cadena obtiene beneficio alguno de su actividad económica, arrojando incluso pérdidas en muchos de los casos (ver estudios de formación de precios de las cadenas de la leche y del aceite elaborados por el Ministerio de Agricultura). Desde algunos estamentos públicos este tema se aborda desde una perspectiva cortoplacista, valorándose incluso positivamente que esta práctica contribuya a que existan productos más baratos a disposición del consumidor, aunque sea a costa de afectar de forma evidente a un sector considerado estratégico. Sin embargo, desde un análisis a medio y largo plazo, esta práctica contribuye a la destrucción de valor, tejido productivo y empleo a lo largo de toda la cadena y, por tanto, es negativa para todos. ¿Puede entonces verse como positiva la venta a pérdidas encubierta? Las políticas cortoplacistas en otros sectores, muchas de ellas basadas en fines más electoralistas que de interés general, nos han llevado a la situación económica de crisis en la que nos encontramos. Hacen falta políticas con amplitud de miras y visión de futuro; políticas que piensen en lo que interesa al país y no en votos. La futura ley de la cadena alimentaria, actualmente en tramitación, es una gran oportunidad para poner fin a esta situación, que tarde o temprano se vuelve en contra de todos los ciudadanos.
A los que llevamos trabajando intensamente más de 5 años para que se desarrollara un marco normativo que regulara las relaciones comerciales de la cadena alimentaria, la aprobación por parte del Consejo de Ministros el pasado viernes del anteproyecto de ley de medidas para la mejora del funcionamiento de la cadena agroalimentaria nos ha producido una sensación similar a la que sienten los agricultores cuando recogen su cosecha. Ha sido un largo camino hasta llegar aquí, aunque, usando un símil ciclista, se trate tan solo de la coronación de un puerto de montaña y la etapa no esté aún ni concluida, ni decidida. Queda por delante el periodo de consulta pública y la tramitación parlamentaria.
Muchos hemos conocido el texto en el día de hoy y ya se empiezan a escuchar las primeras valoraciones y comentarios. Desconozco los motivos en detalle por los que mientras algunos se preguntan por la posibilidad de que esta ley acote el desarrollo de la MDD (ver) (marca del distribuidor o marca blanca), otros califican este anteproyecto como demasiado intervencionista (ver). Después de haber revisado el texto en profundidad, no puedo compartir esta última opinión. Establecer la obligatoriedad de formalizar un contrato de suministro por escrito para que el proveedor, generalmente en situación de dependencia económica de su comprador, conozca las condiciones del acuerdo y sepa qué precio va a recibir por el producto que vende parece tremendamente lógico. No significa intervencionismo, sino transparencia y seguridad jurídica. De igual forma, establecer que esos contratos previamente acordados y firmados libremente entre proveedor y comprador no puedan modificarse con carácter retroactivo por una de las partes (generalmente la que tiene mayor poder de mercado) en detrimento de la otra, parece tan obvio, que suena a todo menos a intervencionista. Tampoco la regulación de prácticas como la venta a pérdidas que afecta negativamente a la rentabilidad del agricultor, y que finalmente no se ha incluido en el anteproyecto, parece en absoluto una medida intervencionista. Se trata simplemente de establecer un marco normativo que contribuya a que la cadena alimentaria cree valor (rentabilidad, productividad, empleo, etc.) en lugar de destruirlo.
No me cabe duda de que los distintos operadores de la cadena agroalimentaria están obligados a entenderse y organizarse si quieren conformar una cadena de valor eficiente, rentable para todos sus agentes, competitiva y sostenible. De la voluntad de éstos dependerá en gran medida que se consigan dichos objetivos. Sin embargo, deben establecerse una serie de principios y obligaciones (reglas de juego) para erradicar una serie de prácticas comerciales identificadas como desleales y abusivas que en absoluto contribuyen a los objetivos citados y que vienen afectando negativamente al funcionamiento de la cadena en su conjunto. El establecimiento de mecanismos de control, vigilancia y sanción donde se facilite la posibilidad de denuncia y resolución de conflictos por vías administrativas (más baratas y rápidas a priori que las judiciales), irá en beneficio de todos. Como en otras muchas cosas, parece que hasta que no “nos tocan la cartera”, no reaccionamos.
Ese es el lema de la línea de cajas de un supermercado de la cadena Sainsbury en Londres que aparece en la fotografía. El valor de nuestro producto, por su gran calidad, es lo que nos diferencia del resto de competidores. El mensaje no puede ser más acertado. Producimos y somos excedentarios en aceite de oliva, vino, etc. Sin embargo, aunque también producimos cereales o leche, somos deficitarios.
Foto de Miguel Flavián - experto en distribución alimentaria
Precisamente por este hecho La crisis económica ha acrecentado el legítimo objetivo de la distribución minorista de situar los productos agroalimentarios al precio más asequible posible cuando los pone a disposición del consumidor. La batalla es feroz y los distintos gobiernos que hemos tenido la aplauden a sabiendas de que con ello se contribuye a un mayor control del IPC, indicador del todo impopular cuando dice de subir.
Sin embargo, La competencia feroz entre los distribuidores por situar los productos al precio más barato posible conlleva una agresiva política de precios de dichas empresas con sus proveedores, que terminan afectando al conjunto de eslabones de la cadena, sobre todo al más débil, el de los agricultores.
Ese no parece ser el camino correcto. Tal y como declaró recientemente la profesora y filósofa directiva de la prestigiosa empresa Apple, Nancy Fraser, Eso es precisamente lo que está sucediendo en la cadena de valor agroalimentaria. Por suerte, en estos días, el gobierno ultima los detalles de lo que debe ser la nueva ley de medidas para la mejora del funcionamiento de la cadena agroalimentaria. Esperemos que aborde esta problemática con una visión que asegure la viabilidad del medio y largo plazo. Para eso están las leyes.
2014 ha sido un año con importantes hitos para la cadena agroalimentaria en España. Entre los más destacados, yo resaltaría los 10 siguientes:
1. Primer año de la Ley de la cadena. Con el año recién comenzado, el 3 de enero de 2014 entraba en vigor la Ley 12/13 para la mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria con el objetivo de dar transparencia y seguridad jurídica a las relaciones comerciales de la cadena. Durante este año se ha puesto énfasis en explicar y difundir las novedades que acarrea la Ley, mientras las partes han negociado el futuro código de buenas prácticas comerciales previsto en la misma, el cual será finalmente acordado en 2015.
2. Un año sin observatorio de precios. Por primera vez desde su creación hace ya algo más de una década, el Observatorio de Precios (convertido en Observatorio de la cadena en virtud de lo recogido en la Ley de la Cadena) no se ha reunido en ninguna ocasión, y el sector lo ha echado de menos. La cadena agroalimentaria no dispone de un foro de tal magnitud para el diálogo y el intercambio de información. Es urgente que se apruebe el Real Decreto que lo regula y se convoque lo antes posible. Irá en beneficio de todos.
3. Las cooperativas comienzan a ganar a dimensión. La Ley de integración cooperativa aprobada en 2013 ha empezado a dar sus frutos y se han producido las primeras fusiones e integraciones. Por ahora, parece que las más grandes han tenido más fácil dar el paso hacia delante para crecer, el reto es que 2015 sirva también para el crecimiento ordenado y sensato de las pequeñas. La implicación de las CCAAs será fundamental, pero ojo con crecer por crecer, sin una estrategia detrás, que puede suponer agrandar el problema de una cooperativa mal gestionada.
4. La aprobación definitiva de la PAC. Los debates y negociaciones sobre la implantación de la PAC en España han terminado y ésta empieza a aplicarse a partir del día 1 de enero. Muchas voces autorizadas hablan ya de que en 2015 se reabrirá el debate para empezar a hablar de la siguiente reforma. No en vano, el nuevo Comisario de Agricultura ya se ha apresurado a afirmar que toca simplificarla de nuevo. La PAC parece el cuento de nunca acabar que hace que agricultores tengan que hacer un master en PAC cada 3 años.
5. La rentabilidad de la producción agraria ha bajado, pero el petróleo parece dar un respiro. Según la 1ª estimación del MAGRAMA, la renta agraria ha descendido en torno a un 7% respecto al año anterior. Sin embargo, la bajada del precio del petróleo, que parece haber venido para quedarse un tiempo, supone una oportunidad única para reducir los costes de producción del sector agrario al menos en 2 de sus componentes más significativas: el gasóleo agrícola y los fertilizantes.
6. El IVA de los alimentos no subió. Afortunadamente para el sector agroalimentario, el IVA de los alimentos no se elevó durante 2014 pese a haber estado en muchas quinielas del Ministerio de Hacienda y a la presión que se ejerce desde Europa. La experiencia de las últimas subidas es tan negativa que el sector tuvo que movilizarse en bloque para impedir una nueva. Por otra parte, las medidas de reducción de la presión fiscal previstas para 2015 pueden y deben suponer un importante impulso del consumo cuando se trasladen de forma efectiva a los bolsillos de la gente.
7. El consumo alimentario no despega. Sectores muy cercanos como el de hostelería, la restauración o la perfumería ya han anunciado que 2014 ha supuesto el primer año de incremento del consumo tras 6 de caídas. Sin embargo, el sector de la alimentación en el hogar sigue sin poder afirmar que el consumo haya repuntado definitivamente, aunque existe un optimismo moderado de cara a 2015.
8. El año del veto ruso. El gobierno ruso se despachó en Agosto con el anuncio del cierre de sus fronteras a la mayor parte de los productos agroalimentarios procedentes de la Unión Europea por un año. La campaña de fruta de verano que venía ya mal desde semanas antes, vio en este anuncio la puntilla para un cerrar un año malo. Las producciones que aún no habían entrado en campaña, tuvieron algo de tiempo para amoldarse a la nueva situación de consecuencias muy negativas para los sectores más exportadores.
9. España se consolida como país exportador de alimentos. El estancamiento del consumo interior y el trabajo de empresas e instituciones en materia de internacionalización ha provocado que en 2014 las exportaciones de productos alimentarios se incrementaran más de un 7% en volumen y un 1,5% en valor estimado, datos que sitúan un año más al sector agroalimentario como 2º en importancia de nuestra economía tras el turismo en cuanto a balanza comercial.
10. Tenemos nuevo Parlamento y nueva Comisión en Europa. 2014 ha supuesto la renovación de ambas instituciones, lo que supone una gran oportunidad. Teniendo en cuenta que la mayor parte de las decisiones que afectan al sector agroalimentario se toman en Europa, la cadena debe hacer un trabajo coordinado y eficiente para liderar los debates en Europa y asegurar que se legisla teniendo en cuenta las prioridades de nuestro sector, aunque esto ya son deseos para 2015 que darían para otro post.
Feliz 2015 a todos.